HÁBITAT MUNDI

Derechos morales

José Alberto López

[Jueves, 23 de abril de 2009] [09.00]

Han transcurrido casi seis años desde que se instaló por primera vez la escultura Emersión atlántica, del artista dominicano Marcos Lora Read, en el espacio natural de Osorio, en el municipio de Teror de la isla de Gran Canaria. Allí se celebró, en junio de 2003, el segundo Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo patrocinado por el Cabildo Insular (ver Lápiz, año XXII [núm. 194], junio de 2003, pp. 74-77). Se trataba de unas semanas de convivencia y de intercambio de experiencias entre artistas, que durante su estancia realizaron una obra "in situ". Todas las obras fueron producidas especialmente para la exposición por el Cabildo, institución oficial que además se comprometió con algunos artistas, por las especiales características de la obra realizada, a su instalación definitiva en un emplazamiento público previamente convenido. Ese fue el caso del artista Lora Read, que hizo una gran escultura para que, después de la exposición, fuera colocada definitivamente en el Jardín Canario. Sin embargo, la obra fue a parar a un descampado en el municipio de Agaete, como basura, donde estuvo tirada durante años. En junio de 2007 nos hicimos eco en esta misma página editorial del destino lamentable que había encontrado aquella escultura (ver Lápiz, año XXVI [núm. 235], pp. 6-7). Nuestra denuncia no fue en vano y, hoy, la obra, una torreta de submarino que parece emerger de la tierra, está ubicada en un jardín que, aunque distinto al previsto inicialmente, dará sin duda, por su excelente ubicación en el recinto ferial de Las Palmas de Gran Canaria, una mayor visibilidad a la obra del artista.

De esta historia podemos derivar una reflexión sobre la poca repercusión que hechos de esta especie, que socavan los derechos morales de un artista, suelen tener en los círculos del arte y en las entidades que defienden la propiedad intelectual y los derechos de autor en España. Es cierto que los derechos morales no entran -a no ser que sea solicitado específicamente por sus socios- en el ámbito de gestión de entidades como Vegap, cuya preocupación se centra casi en exclusiva en los derechos patrimoniales de los artistas plásticos, pero de los artistas afiliados, claro está. No obstante, de cara al público general, estas entidades reclaman para sí el papel de defensoras a ultranza de los amenazados derechos de los artistas en general y, sin embargo, callan ante cualquier vejación del tipo que hemos comentado. Aún más, en el caso de la Fundación Arte y Derecho, institución vinculada a Vegap, hay habilitado un "Fondo solidario para la defensa de los derechos morales", que establece para los socios a los que se les conceda financiar un proceso judicial unas condiciones que resultan disuasorias: el artista que reciba una indemnización tiene que donar el 50 por ciento de la misma a la Fundación, para contribuir a ese mismo fondo. A primera vista, la finalidad parece loable, pero solo si obviamos el espinoso asunto de los sueldos de los directivos de esas mismas entidades.

La destrucción de la obra mural de Josep Renau en el antiguo Hotel La Selva de Cuernavaca, en México; la de La esfera de Caracas, de Jesús Rafael Soto, delante de la residencia presidencial de Caracas; la del mural de Carlos Cruz Díez en la Guaira, también en Venezuela; o la destrucción vandálica de las esculturas de Antoni Marí en el cauce seco del Río Turia, en Valencia, son algunos otros atentados que podemos citar al azar que han ocurrido en los últimos años en un mundo globalizado. Pensamos que aquellas entidades que defienden los derechos de autor deberían expresar su repulsa hacia estos actos, aunque los autores de las obras ultrajadas no figuren en sus listas de abonados.

[Publicado en Lápiz. Revista Internacional de Arte nº 252, Abril 2009]

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